Honduras es principalmente un
país de fuente y tránsito para hombres, mujeres y niños sometidos a la trata sexual y
al trabajo forzoso. Usualmente las
víctimas hondureñas son reclutadas de las áreas rurales
con promesas de trabajo y luego son sometidas a la prostitución forzada en áreas urbanas y
turísticas, como lo son Tegucigalpa, San Pedro Sula e Islas de la Bahía. Las mujeres y niños hondureños son
encontrados en condiciones de trata en Guatemala, El Salvador, México, Belice y
los Estados Unidos. En menor grado,
mujeres y niñas de países vecinos, incluyendo Guatemala y
México, están sujetas a la esclavitud sexual en Honduras. Además de los informes
anecdóticos sobre incidentes ocurridos en Islas de la Bahía, las autoridades hondureñas
identificaron turismo sexual infantil en La Ceiba, San Pedro Sula y Siguatepeque durante este
año. También han habido reportes de
familias rurales que han vendido a sus hijos(as) quienes
al final terminan siendo sometidos a trabajos forzosos y a la explotación sexual comercial en
las áreas urbanas. Las ONGs han
reportado incidentes relacionados con el trabajo
forzado en Honduras en las áreas de agricultura y servicio doméstico. Los hombres, mujeres y niños(as) hondureños
también son sometidos a trabajos forzados en otros países,
particularmente en Guatemala, México y los Estados Unidos; algunos de estos migrantes son
explotados en su ruta hacia y/o en los Estados Unidos. Funcionarios, ONGs y medios de comunicación
reportaron que ha habido un incremento de casos en los cuales hombres jóvenes en áreas
urbanas fueron coaccionados y amenazados por miembros de maras a fin de que estos
traficaran droga.
El Gobierno de Honduras no cumple
en su totalidad con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin
embargo, está haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. Dentro de estos esfuerzos se
incluyen sostenidos, modestos esfuerzos en la aplicación de la ley contra los traficantes de
menores para el sexo, creación de un amplio proyecto de ley contra la trata, y el lanzamiento de una
línea telefónica directa contra la trata.
Sin embargo, los servicios gubernamentales para las
víctimas de trata siguen siendo limitados, las leyes han fallado en prohibir la trata con fines de
trabajo forzado, y las autoridades no han empleado métodos proactivos para identificar a
las víctimas de trata entre las poblaciones vulnerables. Recomendaciones para Honduras:
Aprobar una ley inclusiva contra la trata que prohíba el
trabajo forzoso; incrementar
los esfuerzos en investigar y procesar todos los delitos
relacionados con la trata,
incluyendo los delitos de trabajo forzado y prostitución forzada de
víctimas adultas, condenar y
sentenciar a los responsables de trata; asegurarse que hayan
servicios especiales y
albergues disponibles para las víctimas de la trata a través del aumento de
fondos, ya sea para las
entidades gubernamentales o las organizaciones de la sociedad civil;
incrementar los recursos y el
personal dedicado a la policía y la unidad de la fiscalía; desarrollar
procedimientos formales para
identificar a las víctimas de entre las poblaciones vulnerables;
aumentar el entrenamiento de identificación
y asistencia de las víctimas, incluyendo a las
víctimas de trabajo forzado, de
los funcionarios locales de inmigración, de aplicación de la ley y
judiciales en la identificación
de la víctima y su asistencia, incluyendo a las víctimas de trabajo - 2 -
forzado; optimizar la
planificación del gobierno y los mecanismos de coordinación tal vez a través de la aprobación de un
plan nacional o incrementar la acción del comité; y continuar creando conciencia acerca de
todas las formas de trata de personas.
ENJUICIAMIENTO
El Gobierno de Honduras ha
mantenido esfuerzos para investigar y castigar los delitos de trata sexual que involucran a menores
durante el periodo de reporte, aunque no realizaron serios y sostenidos esfuerzos contra los
delitos de trata que incluyen el trabajo forzado o la prostitución forzada de adultos. Honduras prohíbe la prostitución forzada a
través de circunstancias agraviadas contenidas en el
artículo 149 del Código Penal, promulgado en 2006, pero no hace prohibición específica de trabajo forzado. Para los delitos de trata sexual, el artículo
149 prescribe penalidades que
oscilan de los 12 a los 19.5 años de cárcel.
Tales castigos corresponden con las prescritas
para otros delitos graves, tales como la violación. Si bien los funcionarios informaron sobre
la redacción de una nueva y completa ley contra la trata, el proyecto de ley no fue
introducido al Congreso durante el periodo de reporte. El Gobierno mantuvo una unidad de
aplicación de la ley dedicada a investigar la trata y contrabando humano; esta unidad consiste de
10 oficiales de investigación, todos basados en la capital. La oficina de la Fiscal Especial
de la Niñez maneja todos los casos concernientes con la trata, incluso aquellos que involucran
a adultos; sin embargo, la efectividad de esta unidad se ha visto afectado por la limitación en
el personal y los fondos. Existen 106 investigaciones
pendientes sobre denuncias de trata de personas durante el periodo de reporte. Las autoridades procesaron siete casos de
trata sexual infantil, así como un caso de trabajo forzoso usando
la ley de explotación financiera. El Gobierno obtuvo tres condenas, dando a los
delincuentes procesados sentencias que van desde 10 a 19.5 años de prisión. En comparación, las autoridades enjuiciaron
26 casos de trata y obtuvieron cinco condenas durante el año
anterior. La falta de prohibiciones
específicas contra el trabajo forzado continúa siendo un
impedimento significativo en los esfuerzos de la aplicación de la ley.
El Gobierno no reportó ninguna
investigación, procesamiento, condena o sentencia de
funcionarios públicos por
complicidad en la trata de personas. No
hubo denuncias confirmadas
de trata relacionadas con
corrupción durante el año. Las
autoridades hondureñas colaboraron
con funcionarios de Guatemala y
México en dos investigaciones durante el periodo de reporte.
ONGs y organizaciones
internacionales continuaron proporcionando la mayor parte de
entrenamientos contra la trata de
personas disponibles para los funcionarios del gobierno.
PROTECCIÓN
El Gobierno de Honduras
proporcionó los servicios mínimos a las víctimas de la trata durante el
año, pero remitió a las
víctimas a las organizaciones no gubernamentales para recibir servicios
de atención. Aún no hay
procedimientos formales empleados por los funcionarios para
identificar a las víctimas de
trata entre la poblaciones vulnerables, como los son las mujeres y
niñas en la prostitución. El Gobierno no financió albergues o servicios
dedicados a la atención
de las víctimas de trata. Las víctimas de trata infantil pudieron
recibir atención médica y - 3 -
psicológica limitada en los
tres centros de atención para niños en riesgo social del Gobierno, de
los cuales uno fue abierto en
San Pedro Sula en el mes de diciembre de 2010.
Los funcionarios
no poseen un registro del
número de víctimas de trata infantil que recibieron servicios en estos
centros. Los funcionarios hondureños se coordinan
generalmente con las ONGs para remitir a
las víctimas de trata para que
puedan recibir atención. Una de las ONGs
asociadas proveyó la
mayor parte de las atenciones a
las víctimas infantiles y no recibió fondos directos del
Gobierno. Aunque las ONGs han brindado servicios a
adultos víctimas de la trata en Honduras,
incluyendo la repatriación de
víctimas hondureñas, el financiamiento por parte del gobierno
para servicios de atención a
las víctimas adultas fue prácticamente inexistente. El único refugio
proporcionado por el Gobierno
accesible a las víctimas de trata adultas masculinas es el centro
de detención del migrante, el
cual no es apropiado para las víctimas de trata.
El financiamiento del Gobierno
a servicios de atención a las víctimas se limitaron en gran
medida a la prestación de
servicios médicos, psicológicos y dentales básicos para algunas
víctimas en los centros de
salud gubernamentales; estos servicios están disponibles para todos
los ciudadanos hondureños. Una red de ONGs reportó la identificación de
más de 300 víctimas
durante el periodo de
reporte. Los diplomáticos hondureños en
el exterior reportaron ayudar a
victimas hondureñas en otros
países. Las víctimas fueron alentadas a
colaborar con la
investigación y enjuiciamiento
de los traficantes, y algunos lo hicieron durante el periodo de
reporte. Algunas víctimas de la trata rehusaron a
cooperar, sin embargo, debido a la
desconfianza en el sistema
judicial, particularmente en la habilidad de asegurar su seguridad
personal, porque faltan los
servicios de protección de victimas. No
hubo reportes de víctimas
identificadas de ser
penalizadas por actos ilegales cometidos como resultado de haber sido
víctimas de la trata. El Gobierno no reportó de forma sistemática
el ofrecer a las víctimas
extranjeras alternativas
legales para su traslado a países donde podrían enfrentar dificultades o
castigos, aunque las
autoridades reportaron que no tienen conocimiento de casos de víctimas
de trata que fueran deportadas.
PREVENCIÓN
El Gobierno ha aumentado sus
esfuerzos en prevenir la trata de personas durante el periodo de
reporte a través de
asociaciones con organizaciones de la sociedad civil. La Comisión
InterInstitucional de la Explotación Sexual Comercial y Trata de Niños que está
compuesta por
agencias del Gobierno, ONGs y
organizaciones internacionales, sirve como un cuerpo de
coordinación interagencial, se
reunió ocho veces durante el año. La
mayoría de los esfuerzos
de la comisión se centró en la
prostitución infantil. La transparencia
en las medidas por parte
del Gobierno contra la trata
fue limitada; mientras las autoridades compartían las estadísticas
sobre los esfuerzos contra la
trata a petición, el Gobierno no reportó públicamente sobre la
efectividad de sus propios
esfuerzos durante el periodo de reporte.
En septiembre de 2010, el
Gobierno lanzó una línea
nacional directa para que las víctimas de trata puedan obtener
información y asistencia, con
el apoyo de una organización internacional, la comunidad de
ONGs y un gobierno extranjero;
esta línea directa es administrada por la unidad contra la trata
de la policía. Con el apoyo de una organización
internacional, los funcionarios acogieron un
grupo de trabajo bilateral con
funcionarios colombianos sobre las mejores prácticas en la lucha - 4 -
contra la trata. Las autoridades continuaron asociándose con
el consejo privado del turismo, el
cual trabaja con los hoteles y
otros negocios turísticos para promover un código de conducta en
el que se prohíbe la
explotación sexual comercial infantil; 182 hoteles y complejos turísticos
adicionales firmaron durante el
periodo en reporte para hacer un total de 416 negocios
participantes. Las autoridades reportaron haber multado y
cerrado dos hoteles por un periodo
de una semana por haber
permitido la explotación sexual infantil, asimismo se multaron siete
bares y clubes nocturnos por
permitir la explotación sexual infantil.
El Gobierno investigó tres
turistas sexuales infantiles de
los Estados Unidos y uno de Honduras durante 2010 pero no
reportaron enjuiciamientos o
condenas por turismo sexual infantil. Las autoridades reportaron
haber entrenado a casi 2,000
niños vulnerables en cómo reconocer y reportar los delitos de
trata y cómo no convertirse en
víctima. El Gobierno no reportó
esfuerzos por reducir la
demanda
de trabajo forzado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario